Según datos de AI, tanto el gobierno militar sudanés como los dos grupos principales de oposición armada, el Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS) y el Ejército para la Independencia del Sur de Sudán (EISS), practican "de forma habitual" la tortura e incluso el asesinato de disidentes, al sur del país.

Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, ha solicitado el desplazamiento de observadores internacionales para verificar sobre el terreno posibls homicidios, torturas y detenciones arbitrarias.

Sané ha indicado que, "dado el bloqueo gubernamental a la entrada al país del experto en derechos humanos de Naciones Unidas en Sudán, y los escasos progresos del proceso de paz auspiciado por la Autoridad Intergubernamental de Asuntos relacionados con la Sequía y el Desarrollo, nunca antes había sido mayor la necesidad de que la comunidad internacional intensifique sus actividades de observación de los derechos humanos".

AI pretende que se constiuya un organismo independiente al que los sudaneses puedan recurrir para informar sobre violaciones de los derechos humanos sin temor a represalias.

Desde el golpe de Estado de 1989, prepetrado por Omar Hassan Ahmad al Bashir, los abusos han sido continuos al norte y sur del país, especialmente en este último, donde existe un enfrentamiento armado entre el gobierno y las dos guerrillas.

Amnistía ha acusado no sólo al gobierno militar, sino también al Ejército Popular de Liberación de Sudán, dirigdo por John Garang de Mabior, y al Ejército para la Independencia del Sur de Sudán, cuyo jefe es Riek Machar Teny-Dhurgon, de practicar la limpieza étnica.

Respecto al gobierno de Al Bashir, AI estima que "mediante la interpretación gubernamental de un programa islamista radical, usa la tortura y detención de políticos y sindicalistas".

De los grupos de oposición armada, la organización humanitaria señala que el EPLS practica la represión a los disidentes internos de origen nuer, mientras que el ISS hace lo mismo con los de origen dinka.