En una rueda de prensa celebrada hoy en la sede en Madrid de AI para presentar un informe sobre la ley de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, Beltrán afirmó que la ley que pretende aprobar el Gobierno sobre Memoria Histórica presenta "mecanismos de impunidad que la aproximan a una ley de punto final", sin precedentes en otros países donde se han generado procesos similares tras una dictadura o un conflicto bélico.

El responsable español de AI insistió en que con este texto normativo, da la impresión de que, para el Gobierno español, "no existen los Derechos Humanos antes de la Constitución del 78" y aclaró que en Derecho Internacional- que conculcaría esta ley de aprobarse tal y como está- nunca prescriben crímenes como los que se cometieron durante el régimen franquista.

A su juicio, el Ejecutivo y los grupos parlamentarios están a tiempo de rectificar, cambiar el texto o retirarlo, porque "no han esperado las víctimas del franquismo, 30 años, para esto".

Además, dijo: "este proyecto de Ley, de continuar tal y como está, puede suponer un peligroso antecedente de impunidad frente a otros abusos contra los derechos humanos que puedan cometerse en el futuro o se hayan cometido en el pasado".

Beltrán estuvo acompañado, en la rueda de prensa, por el experto en derecho internacional y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Hernando Valencia, y por un familiar de una víctima de la Guerra Civil, Jesús Lagunilla,

En su informe titulado:"Víctimas de la guerra civil y el franquismo: No hay derecho", AI asegura que 70 años después del comienzo de la guerra civil, el Estado -con esta ley- "daría un paso atrás y perdería su oportunidad histórica para ofrecer verdad, justicia y reparación a miles de víctimas".

Para evitar que el Proyecto de Ley, de ser aprobado, suponga una amnistía general encubierta, la organización pide a los grupos parlamentarios que eliminen los elementos de impunidad incluidos en el proyecto de Ley del Gobierno.

Entre otros asuntos, solicita que se incluya toda la información relevante sobre los crímenes del pasado y que no se sustituya en ningún caso el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Asimismo, AI solicita que no se eliminen los nombres de los presuntos autores de crímenes cometidos durante la guerra civil española y el régimen franquista y que todos los ciudadanos puedan obtener información de los documentos que les conciernan o a los cuales demuestren tener interés legítimo. El proyecto de ley lo impide.

Según el derecho internacional, el Estado es responsable de investigar los graves abusos contra los derechos humanos, llevar ante la justicia a los autores y asegurar que la reparación a las víctimas. Sin embargo, la ley que presenta el Gobierno, dice AI, privatiza el derecho a la verdad de las víctimas, y descarga en las víctimas y sus familiares la tarea de localizar las fosas y los restos de personas desaparecidas "despreciando la dignidad de éstas", según la organización.

Finalmente, AI en su informe hace una serie de recomendaciones que conseguirían mejorar la ley y hacerla viable respecto al derecho internacional, para que puedan ser solicitadas por los grupos políticos durante el trámite parlamentario de la ley.

AI propone crear una "Comisión de la Verdad" que contribuya a esclarecer lo ocurrido; garantizar el acceso de las víctimas a la justicia material e individualizada; crear una Fiscalía especializada en las violaciones de derechos humanos; introducir un protocolo de exhumaciones que competa al Estado; y revisar y eventualmente anular las sentencias condenatorias a penas mayores dictadas durante la guerra civil y el régimen franquista.