De esta cantidad, el Gobierno madrileño aporta el 32,5%, lo que supone 19.626.088 euros, mientras que el Ministerio de Trabajo e Inmigración destina 40.854.057 euros, es decir, el 67,5%.

Las acciones contempladas en el acuerdo están enmarcadas principalmente en los ámbitos de acogida, educación y servicios sociales, con ejes transversales en participación, igualdad de trato, mujer, sensibilización y codesarrollo.

Un total de 25 millones de euros se destinarán a desarrollar iniciativas en educación y formación para el empleo como herramientas básicas en el proceso de integración de los inmigrantes en la sociedad madrileña.

Entre las medidas se encuentran acciones dirigidas al refuerzo escolar y a la inserción laboral, como los programas de apoyo y compensación educativa en centros escolares, aprendizaje del español, orientación y acompañamiento para el acceso y la integración en el sistema educativo y prevención del absentismo escolar.

Asimismo, el convenio contempla el fomento de prácticas educativas que propicien la convivencia y actuaciones coordinadas entre los centros educativos y su entorno. Además, incluye programas de transición de la escuela al trabajo, fomento de la formación profesional para inmigrantes adultos y formación de profesionales en atención y gestión de la diversidad en el ámbito educativo.

De igual forma, el acuerdo incluye programas de acogida e integración por una cuantía que se eleva a los 35 millones de euros, así como acciones de refuerzo de los recursos de los servicios sociales de atención primaria, apoyo a programas de lucha contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico y fomento de programas de atención a las víctimas de discriminación.

De esos 35 millones de euros destinados a programas de acogida e integración, 18,6 serán para facilitar el desarrollo de planes locales de inmigración de los 179 ayuntamientos de la Región a través de convenios directos y convocatorias.

En relación con los convenios directos, la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Inmigración y Cooperación, realizará la distribución de los fondos bajo un parámetro de reparto proporcional al número de extranjeros empadronados en cada municipio, teniendo en cuenta los datos entregados por éstos a 1 de enero de 2008.

Según destacó Aguirre en rueda de prensa, "queremos que los inmigrantes tengan las mismas oportunidades que el resto de los madrileños, y este convenio contribuye a aumentar los fondos para realizar estas actividades".

La presidenta coincidió con el ministro en su deseo de que la firma de este acuerdo "sea el comienzo de una etapa de colaboración, de cooperación y de concertación". Tres principios, precisó, que deben regir las actuaciones de los distintos gobiernos, "y en este caso los del ministerio y desde luego los de la Comunidad de Madrid".

Por su parte, Corbacho subrayó que la inmigración constituye una de las prioridades de los diferentes gobiernos y añadió que se trata de un fenómeno altamente positivo, pues no se entendería el desarrolo económico y la mejora del Estado del bienestar sin su decidida aportación.

El titular de Trabajo afirmó que desde las administraciones se debe asumir la responsabilidad de "gobernar" los retos que plantea la inmigración y que modifican aspectos de la vida cotidiana de un país. "Hay que compartir objetivos de libertad y garantizar que el Estado del bienestar no retrocede", indicó.