Así lo han constatado tras varias reuniones mantenidas para analizar dicha transposición. La oposición socialista al procedimiento seguido por el Gobierno -con el Ministrio de Medio Ambiente a la cabeza-, así como al contenido de la norma, se concreta en un documento de seis páginas cuyos principales puntos son los siguientes:

1. El PSOE considera "inconstitucional, y por tanto inadmisible", que la transposición de directiva europea de tanta trascendencia "se haga en el último minuto, después de tres años desde su aprobación" y mediante la incorporación de enmiendas del PP en el trámite parlamentario ya iniciado del Proyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presuuestos de 2004. El PSOE considera que se trata de una "auténtica chapuza legislativa" , ya que la transposición no se hace mediante un Proyecto de Ley y, además, se eluden los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.

2. El PSOE y las CCAA socialistas consideran "gravísimo que no se incorpore, aunque retóricamente se mencione, el principio de recuperación de costes del agua", es decir, la necesaria aproximación gradual del precio del agua a sus costes totales de obteción, transporte, depuración, incluyendo los costes ambientales, "El Gobierno del PP nunca se ha tomado en serio este asunto. De hecho, la aplicación de la vigente Ley de Aguas da como resultado, por ejemplo, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "sólo cobró, en 2002, 3,4 millones de euros frente a los 60 millones de euros que le adeudan los usuarios de la cuenca".

3. El Gobierno del PP, además, "elude la determinación concreta de la nueva figura de las Demarcaciones Hidrográficas previst por la Directiva", con la clara voluntad de consagrar los límites territoriales de los Organismos de Cuenca hoy existentes. "Se pretende impedir así", a juicio del PSOE, "la participación de las Comunidades Autónomas".

En este ámbito, el PSOE ha planteado una propuesta de reforma de los Organismos de Cuenca acorde con los compromisos de desarrollo del Estado Autonómico y con las exigencias europeas.

4. El PSOE y las CCAA socialistas denuncian también que el Gobierno pretende "no incorporar a la egislación española definiciones muy importantes de la Directiva", como las relativas al buen estado de las aguas superficiales y subterráneas, al estado ecológico, a los recursos disponibles de aguas subterráneas.

En opinión del PSOE, el Gobierno pretende "construir" las nuevas Demarcaciones Hidrográficas sobre las ruinas de las actuales Confederaciones Hidrográficas, sin la menor modificación de la estructura y funcionamiento de las mismas, absolutamente contraria al correcto ejercicio de las competncias autonómicas, y por completo inadecuada para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Directiva.

En síntesis, concluye el comunicado, para el PSOE el Gobierno intenta, una vez más, "cumplir" a última hora con el trámite de la transposición de una Directiva europea, desde el más absoluto cinismo y desde la ausencia de la menor concertación efectiva con las CC.AA., eludiendo sus responsabilidades pero manteniendo el "control" estatal de la política de aguas. El Gobierno no tiene la menor vluntad de acometer las reformas necesarias para cumplir con los compromisos derivados de nuestra pertenencia a la Unión Europea, a cuyas instituciones el Gobierno sigue considerando exclusivamente como una fuente de financiación, sin demostrar ningún respeto hacia las mismas. Esto ya está conllevando el bloqueo de financiación europea para proyectos como el trasvase Júcar-Vinalopó, entre otros.

"Con todo ello, el Gobierno del PP sigue sin resolver los crecientes problemas de disponibilidad y de calida del agua en numerosos puntos de España, insistiendo en la demagogia, en lugar de garantizar los derechos de los ciudadanos a un agua suficiente y de calidad. Y lo hace engañando y enfrentándose, una ver más, a la Unión Europea, perdiendo una oportunidad para comprometerse, en serio, a mejorar la calidad de vida de todos los españoles", concluye el comunicado del PSOE.