Así se recoge en un informe de Amigos de la Tierra, dado a conocer este jueves y que analiza nueve escenarios relacionados con la producción y el consumo de alimentos en cuanto a la creación de empleo.

En la actualidad, el sector agrícola y ganadero emplea a cerca de 799.000 personas en España. A través de una transición agroecológica con un cambio de dieta que reduzca el consumo de carne se llegarían a alcanzar 1.218.000 personas empleadas, cifras similares las que había en el país antes de la entrada en la UE.

De esta forma, se llegaría a 864.000 puestos de trabajo en la agricultura y 354.000 en ganadería, frente a 599.000 y 199.000 en la actualidad, respectivamente.

Según Amigos de la Tierra, la transición agroecológica hacia menos consumo de carne implica una menor cabaña ganadera en España, pero puede generar 154.000 nuevos empleos en el sector debido al cambio del modelo ganadero.

El incremento en la cabaña ganadera del pequeño rumiante supone un aumento en la necesidad de mano de obra hasta las 125.000 personas empleadas en España, más del triple que en la actualidad.

En la producción de monogástricos (avícola y porcino), que desempeña en la actualidad un papel ganadero relevante, el número de animales tendría que reducirse de manera significativa, ya que el sector se encuentra sobredimensionado en relación a la capacidad biofísica de los ecosistemas españoles, según el informe.

Sin embargo, dado que la necesidad de mano de obra es mayor en la producción agroecológica (tres veces más en el caso del pollo y en el porcino), esta se vería menos afectada de lo esperado, o incluso se incrementaría, como ocurre en el caso de la producción aviar.

“RENTAS MÍNIMAS”

En el caso de la producción vegetal, la mayor parte de los incrementos en los puestos de trabajo se dan en la producción de leguminosas y de hortalizas debido al incremento en el número de hectáreas destinadas a su cultivo.

En el escenario agroecológico, la mayor parte de los 3,5 millones de hectáreas de barbecho puestas en producción se acaban repartiendo entre estos dos sectores, donde trabajarían 90.000 personas en la producción de leguminosas y 237.000 en la de hortalizas.

“Las administraciones públicas deben promover una agricultura y ganadería a pequeña escala, basadas principalmente en una economía familiar, que proteja los ecosistemas y los recursos naturales, y que garantice unas rentas mínimas para el desarrollo adecuado de la actividad y la consecución de una vida digna para las personas que trabajan en ella”, según Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra.