Las organizaciones agrarias solicitarán a la Administración y a las comunidades autónomas más afectadas que retiren parte d la producción de patatas para que los agricultores puedan recibir el coste de producción. Asimismo, también pedirán que se destinen para otros usos, como la alimentación animal.

Los precios de este tubérculo oscilan entre las 5 y 7 pesetas por kilo, cuando los consumidores las adquieren a 35 y 40 pesetas. Esto ha provocado acciones de protesta organizadas por las tres organizaciones agrarias, que atribuyen a las importaciones la baja cotización de la patata.

En respuesta a las peticiones de los gricultores, el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea que se aplique una cláusula de salvaguardia para proteger el mercado nacional.