La financiación pública será de 40.000 millones de pesetas y el resto deberá ser aportado por los propios agricultores y las comunidades de regantes. El Ministerio de Agricultura empleará un 40 por ciento de esa cifra como máximo (16.000 millones), en colaboración con las comunidades autónomas.

Este decreto se enmarca dentro el Plan Hidrológico Nacional y parte de la base de que la antigüedad de la red de riego, que consume el 80 por ciento del agua, favorece su derroche, por lo que plantea actuar sobre 400.000 hectáreas de las 782.000 que cumplen los requisitos del programa.

La ayudas de las distintas administraciones permitirán la reforma de 20.000 hectáreas anuales, con una inversión de 250.000 pesetas por hectárea, según informaron a Servimedia fuentes de Agricultura.

Quedarán excluidas de estas ayudas las obras ue produzcan aumento de superficie regada o que afecten a explotaciones inferiores a las 500 hectáreas.

La región más beneficiada por estas actuaciones será la Comunidad Valenciana, en la que está previsto que se actúe sobre 165.000 hectáreas, seguida de Aragón y Castilla y León, con 145.000 y 115.000 hectáreas, respectivamente.

Por su parte, en Andalucía podrán acogerse a las ayudas 110.000 hectáreas, 5.000 en Baleares, 10.000 en Canarias, 25.000 en Castilla-La Mancha, 45.000 en Cataluña, 10.000en Galicia, 7.000 en Madrid, 85.000 en Murcia, 40.000 en Navarra y 20.000 hectáreas en La Rioja.

Según datos oficiales, el 80 por ciento del agua consumida en España se aplica al regadío. Actualmente, las redes de riego son "con frecuencia obsoletas y deterioradas", ya que las técnicas que se emplearon en su día para su elaboración son hoy superadas en cuanto impermeabilidad.

Además, "el trazado de las redes ha evolucionado en función de las modificaciones de las propiedades a las que da servicio, con lo que el resultado suele ser una maraña de acequias y brazales que extienden excesivamente la superficie, lo que aumenta las fugas.