El CNJA prevé que, en ese plazo, sólo habrá en el campo 400.000 agricultores profesionales reales y se habrá retirado del cultivo alrededor de dos millones de hectáreas.

Para la organización agraria, es un error subestimar lo que eso supondría para la economía española con el argumento de que los agricultores sólo representan el 11 por cien de la población activa total.

En realidad, afirma el CNJA, un 20 por ciento de la población ocupada depende del sector agrario, los relacionados con almacenes, talleres, tractores, maquinaria, fertilizantes, pesticidas, transportistas, industria transformadora y lostrabajadores eventuales y fijos empleados por los propietarios agrícolas.

El CNJA señala que la mejor alternativa al abandono de los cultivos "podría ser la reforestación, pero desgraciadamente nunca hay presupuesto", lo que conducirá a la desertización de los terrenos incultos.

A su juicio, el clima y la escasez de agua impiden cambios drásticos en los cultivos y "si nos limitan los cereales y las oleaginosas se condena irreversiblemente a todos los secanos españoles".

El CNJA apoya un alinamiento del sur comunitario (España, Italia, Grecia y Portugal) con las tesis de Francia para "acabar con la permanente imposición del norte de Europa y ahora de Estados Unidos en materia agrícola".

Según sus estimaciones, la liberalización que se negocia en el GATT podría entrañar hasta 1999 una reducción de la población agrícola comunitaria de 8,1 a 5,5 millones, "precisamente en una época de desempleo masivo".

El CNJA afirma que la limitación de las exportaciones previstas en el documento fina propuesto en la Ronda Uruguay del GATT son de un 32 por ciento para los cereales y el arroz, un 21 por cien para los productos lácteos y un 39 para las carnes de vacuno, porcino y aves.

Sólo aumentan los techos exportadores previstos para la mantequilla y la leche en polvo, en un 38,4 y un 20 por ciento, respectivamente, productos en los que salen favorecidos los países del norte comunitario.