Las patronales agrarias Asaja y COAG han convocado una protesta para el mediodía del lunes ante el departamento que dirige Luis Planas, para expresar su “malestar por la falta de respuestas eficaces a los muchos problemas que acumulan los agricultores y ganaderos españoles, entre ellos el reciente acuerdo firmado entre la UE y Mercosur”, según han informado las dos organizaciones en un comunicado.

Se quejan de que “tras la oleada de protestas y manifestaciones que tuvieron lugar desde finales de 2023 en las distintas provincias y comunidades autónomas, y que culminaron con una gran tractorada por el centro de Madrid en febrero de 2024, el Ministerio de Agricultura decidió poner en marcha un paquete de medidas que no contó con el refrendo de las principales organizaciones agrarias, y que se ha demostrado claramente insuficiente para dar respuesta a las demandas del sector”.

“Las reivindicaciones de aquellas protestas siguen aún vigentes”, aseguran Asaja y COAG, que mencionan que “los altos costes de producción y los bajos precios en origen en buena parte de las producciones siguen siendo una rémora para las economías de las explotaciones agrarias”, y que “reformas esenciales y cambios de funcionamiento en la Ley de la Cadena Agroalimentaria, o en el sistema de Seguros Agrarios siguen sin producirse”.

"CAMBIO DE RUMBO"

Con todo, el asunto que ahora ven como “verdadera amenaza” para el campo es “la proliferación de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países”. “Las importaciones de productos agrarios de Mercosur, Chile, Marruecos o Nueva Zelanda, con precios por debajo de nuestros costes de producción y sin cumplir las normativas que imperan para las producciones comunitarias, impactan gravemente en los agricultores españoles y europeos y provocan pérdidas inasumibles y cierres de explotaciones”.

“Por todo ello, reclamamos un cambio de rumbo en las políticas que atañen al sector agrario, con decisiones más proactivas en defensa de un sector que toca fondo, con ingresos que resultan insuficientes, con una pérdida de activos que resulta sangrante y con un relevo generacional que no es suficiente para mantener la actividad en nuestras explotaciones y en los núcleos rurales”, subrayan en el comunicado.

“TELÉFONO QUE ARDE”

Para este lunes también, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado a la patronal nacional de armadores, Cepesca, y a las cofradías de pescadores, para estudiar la viabilidad de las nuevas medidas técnicas de captura recogidas en acuerdo pesquero alcanzado días atrás en la UE, y que evitarían el recorte del 79% de días de faena que inicialmente había propuesto Bruselas.

Cepesca ha mostrado su desagrado tanto por las nuevas condiciones técnicas de faena y de espacios vedados a la captura como por los costes adicionales que cree que acarreará a la flota su implementación.

El secretario general de la patronal, Javier Garat, señaló tras el anuncio del acuerdo que “pese al esfuerzo que sabemos que ha hecho el ministro Luis Planas y su equipo, tengo el teléfono que arde con mensajes de armadores y pescadores, porque la valoración que hace nuestra gente es que el resultado no es bueno”.

Para la patronal, el acuerdo es negativo porque “se mantiene el punto de partida de la reducción de un 79% en las jornadas de trabajo” (como planteó la Comisión Europea al comienzo de la reunión de ministros el pasado lunes), y los mecanismos de compensación que se requieren supondrán "un coste adicional que no es gratuito y que no todos podrán asumir”.

Respecto a la exigencia de unas mallas más selectivas, Garat dijo que “si ponemos mallas más grandes podremos pescar agua, porque no se quedarán los peces y eso es una ruina”.

Además, añadió como aspectos perjudiciales del acuerdo que habrá más zonas donde se prohibirá la pesca y que se podrán incluir puertas voladoras, pero no todos los armadores podrán acceder porque eso cuesta “bastante dinero”.

Respecto a las ayudas a la financiación que promete el Ejecutivo, señaló que su ejecución llevará “plazos largos” tras las discusiones correspondientes con Bruselas y con las cinco comunidades autónomas españolas afectadas, “y los armadores tendrán que hacer adelantos que muchos no podrán realizar” y “el sector está ya al límite”.

Desde el ministerio se han mostrado convencidos de que, pese a estas quejas, el sector aceptará el despliegue de las seis medidas decididas para España en el acuerdo, que establecen un cambio de mallas para impedir que queden atrapados ejemplares pequeños, la implantación de un paquete de días y espacios de veda durante varias semanas al año, y el uso de puertas voladoras en las redes de arrastre más respetuosas con los fondos marinos y que suponen un ahorro de combustible.

Son “medidas perfectamente asumibles”, afirman en el ministerio, porque ya las está aplicando parte de la flota española en el caso del tamaño de las redes y de las puertas voladoras, y que además han funcionado en otros caladeros de la UE con anterioridad.

En función del porcentaje de barcos que esté dispuesto a aplicar estas medidas y de la combinación de todas ellas que se determine, así será el número de días de jornadas permitidas que se consigan mantener teniendo como referencia ese 79% de recorte de las fechas que ha decidido Bruselas para 2025 respecto a 2024 en un escenario en el que no se aplicarán las medidas. Solo con la renovación de las mallas, el ministerio calcula que ya se retendría una cifra muy similar de jornadas a la actual.

DESEMBOLSOS SUBSIDIADOS

En el caso de la sustitución de las redes, el coste medio de cada unidad nueva oscilaría entre 500 y 700 euros, pero en el caso de las puertas voladoras, su instalación supone al armador un desembolso aproximado de 60.000 euros.

Desde el ministerio aclaran que serán medidas subvencionadas íntegramente con fondos públicos, y para recibir la ayuda habrá que acreditarse que se ha realizado la inversión. Las fuentes consultadas no precisaron este viernes si habrá préstamos para el anticipo de la financiación. Reconocen que habrá que pasar un trámite administrativo propio de la concesión de financiación pública, dependiendo de cada comunidad autónoma.

El ministerio dice que “no es contemplable” un escenario en el que el sector decida no aplicar las medidas. “Son medidas perfectamente asumibles en España, ya las hemos hablado con el sector en los últimos años y tenemos una experiencia de otros caladores que se puede trasladar perfectamente al del Mediterráneo”, indicaron cargos del ministerio.