Este paquete de subvenciones fue aprobado en junio por el Gobierno a través del Decreto-ley 10/2005 de 20 de junio, según la Orden del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales publicada hoy en el BOE.

Estas ayudas se concretan en exenciones, moratorias y reducciones en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. La parte de las cuotas sujetas a reducción, ingresadas con anterioridad a la autorización de las ayudas, serán devueltas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a petición de los interesados.

Las ayudas por un período de ocho meses benefician a 136.000 agricultores afectados por la sequía y tienen un coste de 70,73 millones de euros.

De los 136.000 agricultores que recibirán esta ayuda, 112.000 cotizan por el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), con un coste de 51,13 millones de euros, y se calcula en 24.000 el número de posibles beneficiarios que cotizan por el Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA), con un coste de 19,59 millones.

El Estado, con cargo a sus Presupuestos Generales, compensará la disminución de ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social por la reducción del 50% en el pago de cotizaciones.

NOVEDADES

En los últimos años, cuando por distintas circunstancias se autorizaban ayudas al sector, se establecía una exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los agricultores afectados, cuyo importe abonaba el Estado a los ayuntamientos.

Esto daba lugar a que en ocasiones propietarios de tierras sin cultivar recibieran los beneficios de la medida que, además, favorecía a los que tenían más tierras.

Ahora se ha optado por la reducción temporal de cotizaciones, pues de está forma las ayudas llegan directamente a los perjudicados por los efectos de la sequía, aunque el Estado reembolsará a la Seguridad Social el importe de la ayuda.