Los ganaderos, pertenecientes a las localidades de Vinueda, Covaleda, Santa Inés y Montenegro de Cameros, aseguran que la Junta les obligó a suministrar la vacuna a las ovejas preñadas en contra de su voluntad. A consecuencia de ello, entre un 30 y un 50% de los animales vieron interrumpida su gestación.

Los análisis efectuados por los veterinarios han dado la razón a los ganaderos, quienes están pensando en efectuar una denuncia formal ante los juzgados porlas pérdidas económicas que supone la muerte de todas las crías, si la Junta no se hace cargo del pago de las indemnizaciones.

Según los expertos, el contacto con los animales, la asistencia a las ovejas en los abortos y la manipulación de su leche antes de ser pasterizada, podrían producir incluso el contagio de las fiebres maltas a los seres humanos.

El director general de Agricultura y ganadería de la Junta, Oscar Reguera, dijo, por el contrario, que esas acusaciones son "absolutamente absurda" y que no se puede hablar de abortos masivos, porque sólo una explotación ha registrado índices por encima de lo normal.

Reguera aseguró que el aborto "es un proceso habitual cuando se produce una incidencia de un 1 o 2%, y se ocurre por un sinfín de motivos, como el stress de las ovejas, el amontonamiento de los animales, los parásitos o la mala alimentación, entre otras causas, pero no existe", insistió, "un aborto por brucela, y por supuesto, bajo ningún motivo, por la vacuna de la brucelosis".

Por último, Reguera afirmó que "hay gente a quien le duele que la campaña de vacunación haya sido un éxito y mezclan la política en lo que no tiene nada que ver".