En el texto remitido al Tribunal Constitucional, se aboga por el mantenimiento de la suspensión de la citada norma "de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política".

El Abogado del Estado se opone firmemente a que se levante esta suspensión y se ratifica en la conveniencia, si ello es posible, de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad antes del 15 de septiembre.

Asimismo manifiesta que si no pudiera resolverse el recurso antes de dicha fecha, para ponderar si procede o no levantar la suspensión (efectiva desde su entrada en vigor por Providencia del Tribunal Constitucional, de 17 de julio de 2008) de la Ley vasca, hay que contemplar los intereses en presencia para ver cuál es más digno de protección jurídica.

En las alegaciones, el Abogado del Estado indica que el interés del Gobierno y el Parlamento vasco es el de "dotarse de un instrumento de presión, aunque éste sea inconstitucional, frente al presidente y al Gobierno de la Nación".

Sin embargo, indica que el interés Ejecutivo central es "impedir que se utilice a los electores de una comunidad autónoma instrumentándolos en decisiones y asuntos que afectan a todos los españoles y que, en consecuencia, es a todos éstos a quien correspondería consultar".

El Abogado del Estado concluye, por tanto, que "si se celebra la consulta se produciría un perjuicio irreversible para el interés general y una quiebra estructural de la seguridad jurídica".