En una carta difundida este lunes, CEAV pide a Marlaska y Hereu un diálogo que permita “poner freno a un hecho que puede derivar en un gravísimo perjuicio de ámbito nacional, más allá del que ya está suponiendo para las agencias de viajes españolas”.

Advierte de que el no eximir a las agencias de viajes y operadores turísticos de dicho registro, como venían reclamando, “pone en riesgo la actividad turística, en particular la de ámbito internacional”, y asegura que son ya varios tour-operadores especialmente europeos los que están centrando su atención en destinos competidores de España ante el rechazo que en sus respectivos países está teniendo esta cuestión por considerar que “atenta de manera directa y flagrante contra la intimidad y seguridad de los propios turistas”.

CEAV avisa de que los medios de comunicación de varios países se han hecho eco de este asunto, “con el consiguiente perjuicio y descrédito que ello conlleva” para la imagen de España como destino.

Las agencias de viajes denuncian que se ha “impuesto” dicho registro sin contar con su opinión y demostrando “un flagrante desconocimiento y un manifiesto desinterés” por el impacto en el sector. Califican la norma de “desproporcionada, que colisiona frontalmente con otras de rango español y europeo” y puede “poner en peligro la propia seguridad” que se pretende ante una ciberdelincuencia.

Reiteran sus argumentos en contra de la norma en que el sector no ha estado nunca obligado a facilitar estos datos (tampoco en ningún otro país); los prestadores finales de los servicios, empresas de hospedaje y de alquiler de vehículos son sujetos obligados y los mismos disponen de todos los datos relativos a una reserva, desde que la misma se formaliza. Por ello, apuntan que “en nada la exclusión de las agencias de viajes y operadores turísticos del ámbito de aplicación perjudicaría al fin pretendido”.

Recuerdan que el sector de las agencias y operadores turísticos está compuesto en su mayoría por pymes y micropymes, “muchas de ellas sin capacidad de adaptación tecnológica y que tampoco pueden asumir el alto coste operativo y administrativo que tendría el cumplimiento de la norma”, y que ya trasladaron estos motivos en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “sin haber obtenido respuesta”.