Se trata de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave), Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) y la Unión Empresarial de Agencias de Viajes (Unav).

Estas entidades sostienen que todas las solicitudes de reunión, así como las propuestas de consenso, han sido hasta la fecha ignoradas, dejando al sector de las agencias de viajes en una situación de absoluta indefensión administrativa ante la inminente aplicación del citado Real Decreto que, si nada cambia, comenzará el próximo 2 de diciembre.

Además, las asociaciones señalaron que continúan sin recibir respuesta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ni de la Comisión Europea, a pesar de que esta última tiene un expediente abierto desde enero de 2023 tras la denuncia presentada por Fetave. Asimismo, las tres asociaciones señalaron que han iniciado contactos con las principales organizaciones de consumidores para alertarlas sobre el impacto que esta normativa tendrá sobre los ciudadanos que viajen dentro de España.

"La imposición de las nuevas obligaciones que introduce el RD 933/2021 no solo representa una grave amenaza a la privacidad de los datos personales, ya que obliga a las agencias a recopilar y transmitir información altamente sensible, como detalles financieros, relación entre los viajeros, e incluso patrones de viaje, sino que también expone a los ciudadanos a riesgos potenciales de uso indebido de su información ante ataques informáticos", señalaron las organizaciones, quien denuncian que estas medidas van a generar un incremento en los costes operativos de las agencias que, inevitablemente, se trasladarán en mayor o menor medida a los consumidores, encareciendo los precios de sus viajes.

Esto, según las asociaciones, convierte a los viajeros españoles en los principales perjudicados por la potencial exposición de sus datos sensibles, siendo una normativa sin precedentes en ningún otro país de la Unión Europea. Además, representa una pérdida de competitividad del sector turístico nacional frente a otras opciones internacionales.

Asimismo, Acave y Unav anunciaron que se han adherido a la denuncia presentada por Fetave ante la Comisión Europea y han solicitado una urgente respuesta por parte de Europa, teniendo en cuenta la proposición no de ley aprobada por el Congreso de Diputados y la inminente aplicación del Real Decreto.

"Exigimos respuestas y diálogo inmediato y, en este sentido, reclamamos que el Gobierno mantenga la suspensión del RD 933/2021 y, que el Ministerio del Interior acepte revisar, en diálogo con el sector turístico, las obligaciones de dicha norma tal como solicitó el Congreso de los Diputados, a fin de excluir a las agencias de viajes de la aplicación de esta incomprensible normativa y que resulta de imposible cumplimiento", solicitaron las tres asociaciones, que también pidieron a la Agencia Española de Protección de Datos y Comisión Europea respondan de manera urgente a las solicitudes de pronunciamiento.

"El tiempo apremia y el silencio no es una respuesta. Las tres asociaciones reiteramos nuestra disposición al diálogo para encontrar una solución que, garantizando en todo caso la seguridad, proteja al sector turístico y a los consumidores, y ello antes de que el 2 de diciembre marque un punto de no retorno de la judicialización del problema”, concluyeron.