En un comunicado, la central que lidera Cándido Ménde asegura que profundizar en el modelo de intermediación del mercado laboral "provocará situaciones de discriminación y falta de equidad en el acceso al trabajo". A su juicio, estas agencias vulneran el derecho al libre acceso al trabajo.

Según UGT, la descentralización de la intermediación en el mercado de trabajo mediante la creación de servicios públicos de empleo participados por los agentes sociales es la única garantía de respeto a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. UGT denunció que las agencias privadas de colocación que se autorizarán darán un trato "claramente discriminatorio" a los demandantes de empleo, ya que dependiendo del territorio donde residan tendrán que pagar o no por acceder a un puesto de trabajo. Asimismo, critica que sólo dos de las 24 agencias cuentan con participación de los agentes sociales en su gestión.

Además, según UGT, aunque no debe existir ánimo de lucro en la naturaleza jurídica de la entidad que solicita la autorización, "al analzar detenidamente los presupuestos de funcionamiento de las agencias aparecen gastos de personal o mantenimiento difícilmente justificables, como, por ejemplo, nóminas de 40 millones de pesetas para gestionar 10.000 colocaciones al año".