La preocupación de Rallo tiene su origen en el reciente hallazgo de documentación judicial en la vía pública junto a sedes judiciales de distintas ciudades españolas, según señala la AEPD en un comunicado.

En este sentido, el director de la AEPD propuso a Dívarla creación de "una comisión u órgano de trabajo que analice el estado de cumplimiento de la normativa de protección de datos en la Administración de Justicia".

Este organismo, en el que participarían también el Ministerio de Justicia y a las administraciones autonómicas competentes, tendría capacidad para proponer cuanto antes "las medidas que permitan garantizar adecuadamente en este ámbito la protección de la información personal".

Además, Rallo planteó al presidente del Tribunal Supremola necesidad de regular, en una norma con rango de ley o en los Reglamentos de desarrollo de la misma, la publicación armonizada de las sentencias de órganos jurisdiccionales.