"Proponemos que se convierta en avalista de una parte de las miles de viviendas, que se ofertan actualmente, para que se utilicen como alternativas habitacionales de los inquilinos más vulnerables, desarrollando así una verdadera política social de vivienda, donde el coste del alquiler social lo asuma el Estado y no se lo traslade al propietario particular como está haciendo hasta ahora", destacó este lunes el director general de la ANA, José Ramón Zurdo, en un comunicado.

En esta línea, Zurdo explicó que el propietario arrendador no tendría inconveniente en realizar este tipo de operaciones porque obtendría la garantía y seguridad que aporta tener al Estado como arrendatario. Además, explicó que se podría utilizar como marco para establecer las rentas de estos arrendamientos en el índice de precios de alquiler del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

"Esta fórmula no necesitaría del tiempo de espera que supondría la construcción de nuevas viviendas para alquiler social, puesto que se podría utilizar de inmediato el parque de viviendas privadas que hay actualmente en el mercado del alquiler", indicó el director general.

En este sentido, Zurdo defendió que, si el Estado aparece como garante de las rentas y aporta la seguridad jurídica necesaria, "surgirían más viviendas al alquiler, aumentaría la oferta y podría parar la escalada de precios del alquiler".