"En principio", dijo, "el Ministerio de Justicia e Interior y la Secretaría de Estado de Justicia no estamos a favor de ese texto de anteproyecto, que parece ser ha sido remitido por el Ministerio de Administraciones Públicas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Personalmente, Fernández de la Vega no está "en absoluto de acuero con una interpretación expansiva del fuero ni con una interpretación de carácter retroactivo. Creo que además del texto tampoco debería deducirse en principio esa interpretación de carácter retroactivo", agregó.

No quiso pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad del anteproyecto de Ley Reguladora del Gobierno de la Nación, que fue enviado para su informe al CGPJ con carácter urgente sin pasar previamente por la aprobación del Consejo de Ministros. "Una vez visto el texto habrá que estudiar u constitucionalidad", dijo Fernández de la Vega.

La secretaria de Estado, que hizo estas declaraciones en la "Conferencia Socialista de Ciudades" que celebra el PSOE en Madrid, es contraria a cualquier texto legal que pueda hacer "una interpretación amplia de lo que se considera una prerrogativa no del aforado, sino de los poderes del Estado".

Confirmó que el texto de Admistraciones Públicas no ha sido discutido ni aprobado por el Consejo de Ministros, aunque la posibilidad de remitir un anteproecto de ley al CGPJ siempre existe.

"Formalmente el Ministerio de Justicia e Interior no ha recibido ese texto. Al CGPJ se le pueden pedir informes en cualquier momento, pero eso no significa nada, porque todavía no ha sido aprobado por el Gobierno. El día que el Ejecutivo apruebe el texto dará su opinión y previamente puede haber los debates que sean necesarios", dijo.

Por otro lado, Fernández de la Vega no valoró el hecho de que los jueces con sumarios abiertos por la desaparición y muerte de ls presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala no quieran perder el caso.

"En temas judiciales la Secretaría de Estado de Justicia no opina. Yo creo que el tema de la competencia es un tema de legalidad que habrá de resolverse como decidan los órganos judiciales con la intervención del ministerio fiscal con arreglo a esa legalidad", concluyó.