La Asociación se lamentó de que el Gobierno haya desoído sus alegaciones en este sentido, tras conocer el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985. Por ello, pide que se realicen los cambios necesarios para no tener que tributar, como se hizo con los afectados por VIH o las víctimas del terrorismo.

La talidomida se recetó entre 1950 y 1985 a embarazadas para calmar los vómitos y mareos, causando a miles de bebés graves malformaciones en brazos y piernas, además de otras muchas secuelas.

"Respecto de nuestro entorno europeo y mundial, todas las ayudas con dinero público o privado a los talidomídicos están exentas fiscalmente en países como Irlanda, Canadá, Italia, Alemania, Brasil o Reino Unido", afirmó la organización de afectados.

Denunció que "no eximir fiscalmente la ayuda supondría que en gran medida esta perdiera su razón de ser, y constituyera una discriminación manifiesta en relación con los afectados por otros daños en España, y por el mismo daño en el resto del mundo".

Luis Ruiz, afectado por talidomida, explicó a Servimedia la discriminación que ya les afecta. "Las víctimas de atentados terroristas están exentas de tributar, pero yo nazco sin un brazo por culpa de la talidomida y de los 12.000 euros por grado porcentual que me conceden, además debo tributar un 50%". Recalcó que serían los únicos afectados por talidomida de Europa con la obligación de pagar impuestos por las ayudas.

"ESTRAGOS 24 AÑOS MÁS"

Además, desde Avite se exige “una petición de perdón oficial del Estado a las víctimas y especialmente a las madres de los afectados", y añadió que “se agradece, pero no basta un vídeo al respecto de la ministra Belarra”.

Argumentó que las pruebas documentales aportadas por la Asociación "demuestran que, cuando en noviembre de 1961 la droga se retiró de todo el mundo al saberse con certeza los daños que causaba, en España la farmacéutica Grünenthal, a sabiendas, y sin que ninguna institución pública lo impidiese, la siguió vendiendo, de manera que causó estragos nada menos que hasta 1985, 24 años después”.

Los afectados resaltaron que “el simple hecho de que un país permitiese que siguiera circulando 24 años más, hasta 1985, habla de la negligencia que ha existido en la administración sanitaria”. Por todo ello, La Asociación de afectados por talidomida en España aseguró que va a seguir luchando “hasta el final” para lograr la extensión de condición de beneficiarios “a todos los realmente afectados, y no a solo unos pocos”.

El importe de las ayudas varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, para una persona con un 33% de discapacidad, la ayuda ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Las ayudas pueden solicitarse ya, dado que el Real Decreto se ha publicado en el BOE, y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.