Su objetivo era solicitar una entrevista con el presidente del Fondo de idrocarburos y reclamar el pago de las indemnizaciones, que ellos cifran entre uno y dos millones de pesetas por cada afectado, hasta un total de 4.800 millones, de los que hasta ahora, según dicen, sólo han percibido el 13%.

Entre las cuarenta personas encerradas figuran los presidentes de las agrupaciones de mariscadores y pescadores de cerco y bajura, así como representantes de las nueve cofradías afectadas.

Los pescadores afectados solicitan además una entrevista con el presidente el Gobierno Felipe Gonzalez, para exponerle la situación por la que atraviesan que, según un portavoz, Jesús Carpente, es de hambre y miseria, ya que "la gente se ve obligada a vender sus empresas porque no podemos hacer frente a las letras del Banco".

Carpente señaló que la plataforma de pesca en la que trabajan no se va recuperar en menos de 15 años y señaló que "si adoptamos esta postura es porque nos sentimos engañados y al parecer esta es la única vía que entienden muchas personas para poder llegar a acuerds"

Los pescadores anunciaron que mantendrán el encierro con carácter indefinido hasta que el Fondo de Compensación les notifique oficialmente el inicio de las negociaciones para el pago de las indemnizaciones.