Así lo anunció este miércoles el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que, de esta forma, y con el objetivo de “aligerar” la carga de trabajo a la que se enfrentan las autoridades de Consumo en Valencia, cualquier oficina del territorio español, aunque esté ubicada en otra provincia o en otra comunidad autónoma, podrá hacerse cargo de las necesidades que tenga cualquier vecino de un municipio que haya sufrido las consecuencias de la DANA.

Esta iniciativa se puso en marcha a través de la Dirección General de Consumo, integrada en la Secretaría General de Consumo y Juego del ministerio, después de que representantes de varias oficinas municipales y de la plataforma nacional OMICS Unidas solicitaran información para poder colaborar con las personas afectadas por la DANA.

La propuesta fue trasladada a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Comunidad Valenciana, que dieron su visto bueno para llevarla a la Conferencia Sectorial de Consumo, que es el máximo órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas competentes en materia de Consumo.

Una vez acordada en la Conferencia Sectorial, la propuesta se elevó con carácter urgente a la Comisión Sectorial de Consumo, donde se produjo su aprobación definitiva, que ya es firme con efectos vinculantes, siendo de carácter “inmediata” y sin que haya recibido ninguna observación en contra.

Por ello, las autoridades de consumo, independientemente de la estructura que tengan en cada territorio, ya están autorizadas a poder atender a los afectados por la DANA.

Las personas que lo necesiten, tienen a su disposición en la página web del Ministerio de Consumo los datos de contacto de las autoridades autonómicas y municipales de consumo.