Al encuentro asistieron también, además de los representantes de los afectados, una de sus abogadas, Doris Benegs, y por parte de la Administración el subdirector del Insalud y el responsable del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FISS).

Según declaró a Servimedia Juan Antonio Sánchez, portavoz de los afectados, la respuesta de la Administración "es vergonzosa, ya que procede de un Gobierno apoyado por un partido que en 1982 utilizó como bandera a los afectados de la colza y hoy día no les da soluciones y se remite a una sentencia judicial, cuando la sentencia popular de entonces era que la Administración haba sido culpable del síndrome tóxico".

"UTILIZACION DESCARADA"

El portavoz de los afectados, quien tras la reunión que mantuvo el pasado lunes con el secretario de Movimientos Sociales y Participación Ciudadana del PSOE, Alejandro Cercas, no quiso pronunciarse sobre si los socialistas utilizaron demagógicamente el síndrome tóxico en las elecciones de 1982, respondió hoy que "el PSOE ha hecho una utilización descarada del tema de la colza; su actitud y responsabilidad es más que demagógica, es vergonzsa".

Según explicó Doris Benegas, la reunión de hoy consistió en debatir el documento de reivindicaciones de los afectados, en el que se recogen la necesidad de unificar los tres censos de víctimas que existen y ampliar las prestaciones y pensiones, además del capítulo de indemnizaciones, que para la Administración "no es negociable".

Por su parte, Carlos Navarro explicó en rueda de prensa que con la reunión de hoy habían cumplido con el compromiso de recibir a los afectados, pero agregó que "la osición del Gobierno no ha variado, ya que el Estado no ha sido condenado a pagar ninguna indemnización, por lo que no se derivan responsabilidades".

Navarro subrayó que hay que esperar a que los tribunales decidan, concretamente en el juicio abierto en la Audiencia Nacional contra once altos cargos de la Administración de UCD, que instruye el juez Carlos Bueren, porque si el Gobierno aceptara pagar las indemnizaciones sentaría un precedente muy importante, que podría responsabilizar al Estado en muchs otros temas.

Sin embargo, Doris Benegas explicó que "aunque tenemos confianza en que la vía penal establezca la responsabilidad del Estado", la reforma del Código Penal podría complicar más el asunto, ya que modifica el procedimiento judicial para solicitarla.

PRESTACIONES

Por su parte, el subsecretario de Trabajo dijo que "no es exacto que durante 1982 el PSOE utilizara a los afectados de la colza. Se mostró sensible, y de hecho tienen prestaciones muy por encima de la media, lo que respondea los compromisos del PSOE".

Carlos Navarro insistió en está muy generalizada la idea de que los afectados están desprotegidos, "cuando el Estado viene prestando asistencia sanitaria y prestaciones de cuantía importante".

Según los datos que facilitó Navarro, desde 1982 y hasta hoy el coste anual para el Estado de las prestaciones a los afectados por el síndrome tóxico asciende a casi 56.000 millones de pesetas, que incluyen protección social (se atiende 8.000 prestaciones de pago mensual), pensines y prestaciones por invalidez, viudedad, orfandad o jubilación, ayudas económicas familiares complemetarias, ayudas domiciliarias y otras ayudas por fallecimiento, farmacia, alimentación o reinserción social.

A la vista de los resultados de la reunión, en la que los afectados esperaban "una mayor predisposición al diálogo y voluntad política", la Administración no ha considerado necesario fijar un nuevo encuentro, aunque los representantes de los afectados mantienen la reunión con Alejandro Cercas ara el próximo lunes.