En un artículo de dicha resolución, se pide a las autoridades españolas que estudien la situación social y laboral de los afectados, que profundicen en los conocimientos científicos de la intoxicación y establezcan lasmedidas para paliar los perjuicios creados por la enfermedad.

El portavoz de la coordinadora, Fernando Lago, explicó que esto debe realizarse "a fin de que el proceso sobre el síndrome tóxico sirva para paliar las posibles responsabilidades jurídicas, sin que las indemnizaciones constituyan un pretexto legal para poner término a esta causa".

La intoxicación producida por el aceite de colza afectó, según los miembros de la coordinadora, a 20.000 personas, de las cuales 2.000 han fallecido y 6.000 stán incapacitadas laboralmente, mientras que el resto sufre secuelas físicas y psíquicas que les impiden desarrollar una actividad normal.

En su visita al Parlamento Europeo, la coordinadora se reunió con varios diputados y con el presidente de la Eurocámara, José María Gil-Robles, que se ofreció a respaldar y canalizar toda iniciativa que pueda representar un beneficio para los afectados.

Estos han recordado, además, que en unos 20 días se espera la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurs de la sentencia de la Audiencia Nacional, donde se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, precisando que se deberán deducir las cantidades que con anterioridad haya anticipado la Administración a los perjudicados con fines de resarcimiento, auxilio o subvención.