Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), "las medidas anunciadas ayer, lejos de tranquilizar a los consumidores, constituyen una manifestación pública de incompetencia", según señala en un comunicado.

Ante esta situación, la OCU ha decidido iniciar acciones judiciales en dos frentes: en nombre de sus socios, por imperativo legal, y en aras del deominado en la sentencia del Tribunal Supremo sobre la colza "interés difuso de los consumidores".

Según manifestó hoy a Servimedia Miguel Martínez, portavoz de la OCU, "la solución que adoptan es algo así como 'ya que el ternero está malo, vamos a matarlo'. Esa lógica es absolutamente inaceptable".

Martínez apuntó que de momento va a haber menos plazas para viajar en avión y está por ver si no van a subir los precios por la reducción de la oferta.

PARCHE

La Unión de Consumidores de España UCE) considera "un parche" las medidas anunciadas para acabar con el caos aéreo, cuya efectividad no acaban de ver, según afirmó a Servimedia su portavoz, Enrique García.

García se preguntó con qué criterios Iberia va a recortar el número de sus vuelos, si atendiendo a razones económicas de baja ocupación o a otras de tipo organizativo; así como si no habrá territorios concretos que salgan perjudicados por la reducción de operaciones.

La Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) es artidaria de otras soluciones que no pasen por un menor beneficio de la compañía Iberia, "que todavía es pública", según manifestó su representante, Antonio López. "No nos parece bien que se haga a costa de esta compañía", concluyó.

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) insiste en que el Gobierno no ha estudiado las peticiones de los consumidores de establecer por norma indemnizaciones en caso de retraso o cancelación de vuelos, lo que contribuira en gran medida a poner orden en la actual situación porque sería una medida "disuasoria" para las compañías, así como tampoco tiene intención de regular el derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales, según indicó su portavoz, Yolanda Quintana.