La Ley de Navegación Aérea, de 1960, recoge la posibilidad de indemnizaciones por estas causas, salvo cuando el retraso o la suspensión del vuelo se deban a fuerza mayor, pero no precisa ni los motivos que pueden acarrear responsabilidad a las compañías aéreas ni las compensaciones económicas oncretas a los viajeros, por lo que cualquier reclamación debe conducirse por la vía judicial, "un trámite costoso y larguísimo", según señaló hoy a Servimedia Enrique García, portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE).

El propósito de los consumidores es que, al igual que ya sucede en caso de sobrecontratación ("overbooking") en el transporte aéreo o con los retrasos ferroviarios, se elaboren unas tablas de indemnización para los retrasos o cancelaciones aéreas.

El vicepresidente del IC afirmó que su departamento se está esforzando por solucionar el problema fundamental, que son las incidencias que afectan a los usuarios de los aeropuertos, al tiempo que destacó que las organizaciones de consumidores cumplen sus objetivos con iniciativas como ésta.