Los conservacionistas mantienen que el incidente ocurrido la pasado semana en la planta de Trillo (Guadalajara) como consecuencia de un fallo de diseño demuestra su tesis.

"Si la dirección de la central hubiera informado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del defecto encontrado, este organismo probablemente habría decretado la paralización de a planta, lo cual le hubiera acarreado pérdidas cercanas a los 400 millones de pesetas. Por el contrario, practicando el ocultismo se arriesgan a una multa inferior, casi con toda seguridad, a los diez millones".

La cuantía de las sanciones, recogida en las disposiciones finales de la ley de creación del CSN, puede ser de hasta diez millones cuando la impone el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de cien si la aprueba el Consejo de Ministros.

Según Aedenat, Trillo, "a la que ya se abrióexpediente sancionador el 11 de mayo de 1989 por no realizar una prueba periódica establecida en las especificaciones de funcionamiento", no sería la primera central obligada a pagar una multa por no informar en su momento al CSN de una anomalía.

La organización ecologista ha recordado que Vandellós I (Tarragona) fue sancionada por no notificar una alerta de emergencia que tuvo lugar el 22 de junio de 1988, y con anterioridad Almaraz (Cáceres) sufrió una situación similar. "En ningún caso", agregaron,"la sanción alcanzó los diez millones".

Asimismo, insisten en que este tipo de situaciones sólo desaparecerán cuando la cuantía de la multa supere a las pérdidas económicas.

"El retraso en la información al CSN", concluyeron, "puede tener consecuencias graves, ya que en caso de accidente los planes de emergencia nuclear no serían activados en su momento y perderían casi totalmente su eficacia".