Tras presentar un informe sobre la evolución de la bancaen 2002, Leal achacó la nueva regulación de las preferentes a "condicionantes políticos", en el sentido de que las entidades españolas no emitan preferentes desde paraísos fiscales.

No obstante, aclaró que se trata de productos financieros legales, aunque en España hay un vacío legal sobre su cobertura. Además, recordó que entre el 80% y el 90% de este mercado se radica en las Islas Caimán.

Leal explicó que las entidades financieras sólo buscan en Caimán captar fondos que la economía española necsita para seguir creciendo y que si lo hacían allí es porque allí está el mercado de las preferentes.

Por todo ello, aplaudió la decisión de regular las preferentes, si bien alertó de que supondrá "un coste" para las entidades financieras españolas, que tendrán que organizar ahora un nuevo sistema de este tipo en España, lo que tardará un tiempo en ponerse en marcha.

Leal negó que la nueva normativa suponga un amnistía fiscal para los bancos que han realizado emisiones en paraísos fiscales y apel a la "laguna legal" en la legislación española sobre este aspecto y al hecho de que las sociedades interpuestas debían estar domiciliadas en Caimán para poder emitir las preferentes, por lo que no tenían que tributar en España.

DIVIDENDO

El máximo responsable de la AEB se refirió también al hecho de que los bancos hayan destinado a pago de dividendo ("pay-out") el 63,5% de sus beneficios, mientras el Banco de España recomienda que ese "pay-out" se sitúe en niveles del 50% de las ganancias.

Lea destacó que el importante reparto de dividendos es "bueno" para los accionistas y que los bancos españoles se lo pueden permitir porque son muy solventes, "los más solventes de la UE", según dijo.

De acuerdo con los datos facilitados por la AEB, en 2002, los bancos españoles destinaron a reparto de dividendos un total de 3.500 millones de euros entre algo más de 2,5 millones de accionistas.