En declaraciones a Servimedia, Arnaldo criticó que, "en lugar de aumentar la plantilla de la Agrupación de Tráfico, ha intentado lograr productividad con sistemas de denuncia automatizada, a través de radares o videocámaras, trasladando la obligación de identificar al conductor al propietario del automóvil".

"La Administración ha convertido la norma general de parar al infractor e identificarlo en el acto, impuesta en la ley de Seguridad Vial, en una excepción", añadió.

FALTA DE "RENTABILIDAD"

En el caso de que no sea veraz esa identificación, lo único que prevé la Administración es, según Arnaldo, una multa de 1.500 euros, "aunque Tráfico está optando por multarla con el doble de la cantidad correspondiente a la propia sanción". Para estos casos, precisó que no se contemplan nunca penas de cárcel.

Así, el dirigente de AEA explicó que una persona que vaya a 200 kilómetros por hora por una autovía tendría una sanción de 380 euros, un mes de suspensión de carné y pérdida de 6 puntos. Añadió que, no identificándose, serían 760 euros. "Le tendrían que vender muy barato los puntos para que fuera rentable", sentenció.

Por esta razón, apuntó que se tratará sólo de "una tormenta de verano que se va a disipar, porque ni siquiera sale rentable al infractor".

Finalmente, reiteró que la atribución de infracciones a personas distintas de las que las ha cometido "no es nada nuevo en España, sino que lleva funcionando desde 1990, cuando se introdujo la Ley de Seguridad Vial". No obstante, reconoció que esta práctica ha ido aumentando en los últimos años.