La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado supondrá una reducción de medio billón de pesetas en los ingresos por transferencias que reciben las comunidades autónomas, entre ellas la madrileña, que percibirá 90.000 millones menos, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Tras afirmar que "no se nos ha anunciado una negativa a librar esas cantidades, sino un aplazamiento por no disponer de presupuesto para 1996", Ruiz-Gallardón calificó de "razonable y argumentada jurídicmente" su pretensión de conseguir que "el responsable de la mora sea el responsable de los intereses que cuesta esa mora".

Ruiz-Gallardón explicó que no pretende hacer de esta cuestión una "batalla política", sino razonar ante Hacienda su pretensión, "como estoy seguro que harán el resto de la comunidades autónomas y ayuntamientos afectados".

La Comunidad de Madrid (CAM) agotará "todas las vías" para conseguir su objetivo, dijo Ruiz-Gallardón, a quien le gustaría "argumentar jurídicamente" y no cnvertir este tema en una batalla política, "porque creo que tenemos razón".

No obstante, destacó que, si surgiese un conflicto entre la CAM y la Administración central, acudiría a las instituciones que resuelven los contenciosos entre administraciones.

Ruiz-Gallardón aprovechó la ocasión para arremeter contra el Gobierno socialista por no haber conseguido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1996 y dijo que la prórroga es una "decisión grave que está causando ya muchos perjicios a los españoles y ahora estamos viendo los costes, no ya políticos, sino económicos, para el desarrollo y la creación de empleo".

"El Gobierno pretende producir un efecto en cascada en cuanto al pago de las consecuencias de la prórroga presupuestaria, de tal forma que producirá una demora importante en el libramiento de las cantidades al resto de las administraciones públicas, cuyos presupuestos, en todo o en parte, se nutren de transferencias contables del Gobierno central", concluyó el líder ppular.