El 15 de noviembre, escaladores de Greenpeace descolgaron una gran pancarta desde la chimenea de la incineradora, con el mensaje "Stop incineración", al tiempo que otro grupo de ecologistas se situaba en las puertas de acceso a la planta y desplagaba otra pancarta en la que se leía: "Stop dioxinas. ¡Reciclaje ya!".

La responsable de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace-España, Sara del Río, afirmó hoy que "es sorprendente que se tomen medidas legales contra defensors del medio ambiente y se siga arriesgando la salud de la ciudadanía y contaminando el medio ambiente con total impunidad".

A juicio de Greenpeace, la incineradora de Valdemingómez es "un ejemplo de descontrol, ocultismo y mal funcionamiento" y emite niveles de dioxinas muy por encima de los permitidos.

"El ayuntamiento no puede seguir jugando con la salud de la población de Madrid", afirmó Sara del Río. "Tranquilizar a la población y al mismo tiempo ocultarle los datos no parece la forma más corecta de defender sus derechos. Es urgente que se pongan todas las cartas sobre la mesa y se informe al ciudadano de la realidad de Valdemingómez".