Según confirmaron a Servimedia fuentes del grupo popular, el máximo tribunal de esta comunidad requirió ayer mismo a la Mesa de la Cámara que en cinco días presente ante el Tribunal la documentacion que avala su decisión de suspender el pago de las subvenciones.

La rapidez de la actuación del órgano judicial en este recurso se debe a que el PP basa su reclamación en que el cuerdo de la Mesa de las Cortes regionales viola el precepto de la Constitución que establece el derecho de los ciudadanos y de los partidos a ejercer la actividad política en condiciones de igualdad.

En este recurso, que al referirse a uno de los derechos de la Constitución debe fallarse con la mayor urgencia, pretende que el TSJ de Castilla-La Mancha decrete la suspensión del acuerdo de la Mesa, lo que permitiría a los populares cobrar las subvenciones que corresponden a este año.

Federico Sain de Robles, ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, es el letrado que actúa en defensa de los intereses del Grupo Popular.

La polémica de las subvenciones surgió a la luz pública en setiembre, tras conocerse los informes elaborados por el interventor de la Cámara sobre la contabilidad de los grupos políticos desde el año 88 hasta 1992. En el caso del PP, ponía de manifiesto que este partido no justificó 198 millones de pesetas de los más de 327 millones recibidos e concepto de subvención durante este periodo.