La subdelegación del Gobierno de Vizcaya solicitó ayer el acta con el texto oficial del citado acuerdo, con el fin de poder determinar si existen vulneraciones del ordenamiento jurídico para lo que el consstorio tenía de plazo veinte días.

No obstante, para evitar que el trámite administrativo se prolongase demasiado y, teniendo presente que el Tribunal Supremo lo permite, la subdelegación del Gobierno presentó esta mañana una demanda que acaba de ser aceptada por el Tribunal Superior de Justicia Vasco.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales han coindidido en afirmar que el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Marquina, puede ser nulo de pleno derecho por haberse adoptado bajo amenazas