El 11 de mayo de 2004, el Juzgado de Instrucción número 68 dictó un auto por el que se abstenía de conocer el procedimiento interpuesto por la Junta y remitía las actuaciones a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Gobierno andaluz anunció entonces su intención de recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial, aspecto que se ha materializado ahora.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, lamentó hoy, en rueda de prensa, que la "estrategia dilatoria procesal que mantienen las compañías tabaqueras haya provocado que todavía no se haya podido entrar a analizar el fondo de la cuestión".

Esta es la segunda ocasión que la demanda a las compañías tabaqueras llega a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que en febrero de 2003, este organismo se pronunció a favor de la Junta de Andalucía, rechazando implicar al Estado en la demanda contra las tabaqueras, al considerar que Altadis asumió todos los derechos, obligaciones y responsabilidades futuras tras ser privatizada.

INICIATIVA PIONERA

La Junta de Andalucía fue, en febrero de 2002, la primera administración europea en demandar a las compañías tabaqueras por el coste sanitario relacionado con las enfermedades asociadas la tabaquismo.

Tras las alegaciones iniciales, en febrero de 2004, el titular del Juzgado de Instrucción número 68 de Madrid dio un plazo de 15 días a la Junta para ampliar su demanda al Estado o, en caso contrario, procedería al archivo definitivo de las actuaciones, al considerar que existía un monopolio estatal hasta 1998 y que por tanto el Estado participaba en la comercialización del tabaco.

La Junta presentó un recurso de reposición, ya que la intención de la administración autonómica no era demandar al Estado, que únicamente tuvo un monopolio de carácter fiscal de la antigua Tabacalera.

Sin embargo, el Juzgado desestimó este recurso, obligando a la Junta a ampliar la demanda al Estado, por imperativo legal para que no se archivaran las actuaciones.

Las empresas demandadas por la Junta son British American Tobacco, Cita, Altadis, Tobacco Canary Island, Philip Morris Spain y JT Internacional, que controlan más del 90% del mercado de producción y distribución del tabaco en Andalucía.

La reclamación se basa en lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad, en cuanto obliga a las administraciones sanitarias a resarcirse de los gastos efectuados en el tratamiento de la salud pública de los pacientes, cuando el daño a la salud es infringido por un tercero.

Se trataría así de evitar que las empresas tabaqueras, que obtienen un cuantioso beneficio comercial, acrecentado por un mercado fiel gracias a la adicción a la nicotina, continúen enriqueciéndose al no sufragar los gastos sanitarios que se originan por el consumo del tabaco.

ARGUMENTACION

Como base argumental, el Gobierno de Andalucía dispone de las historias clínicas de 300 pacientes andaluces diagnosticados de infarto de miocardio, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

También presenta los resultados de los estudios analíticos realizados para conocer la composición del tabaco, y que demuestran de manera irrefutable que los cigarrillos contienen elementos no declarados por las compañías tabaqueras, entre ellos el amoniaco, cuyo objetivo es incrementar la adicción de los fumadores.

Diversos estudios epidemiológicos de la Junta de Andalucía demuestran que el tabaco es el origen de unas 10.000 muertes al año en Andalucía.