El auto acepta los hechos denunciados por Sarrió contra los interventores de Torras (Francisco Fernández, Alejandro Latorre y Claudio Movilla) y el administrador de la sociedad (Laureano Roldán) y entiende que pudieran ser "constitutivos de delito de falsedad, alzamiento de bienes y otros", como estafa procesal y maquinación para alterar el precio de las cosas, añaden las mismas fuentes.

En su querella, Sarrió describe las actuaciones presuntaente delictivas y defraudadoras cometidas por los querellados, y los perjuicios que dichas actuaciones pueden ocasionar, tanto a Sarrió como a "miles de acreedores que ven aminoradas o totalmente restringidas sus posibilidades de cobro".

Según la papelera, son varias las actuaciones denunciadas en las que los interventores habrían falseado la realidad de acuerdo con Torras y para beneficiar a su único accionista, KIO.

Entre las denuncias presentadas figura el ocultar acciones para reclamar "sustaciosas cantidades de dinero, cuyo cobro permitiría a todos los acreedores recibir sus créditos sin quita alguna, cuando ahora el Convenio de Acreedores prevé quitas de hasta el 80%".

También se acusa a los interventores de "maquillaje de diversas operaciones, como la posible recuperación de créditos en beneficio de KIO y en perjuicio de acreedores e inexactitudes y diferencias entre el balance y la relación de acreedores".

En su auto, el titular del juzgado fija el inicio de los interrogatorios alos querellados para el próximo 27 de junio. La decisión deja la apuerta abierta a que oºtros acreedores se sumen a la querella presentada y admitida a trámite por Sarrió.