Otras 11.400 solicitudes ya han sido rechazadas, porque la mayoría no pudieron ser completadas con la documentación que probase el desempeño de sus cargos ni las vicisitudes profesioales de los demandantes.

Según la respuesta parlamentaria que ha dado el Ejecutivo al diputado el Partido Popular (PP) José Martínez Guijarro, que se interesó por el asunto, la resolución de este tipo de expedientes es compleja por naturaleza, puesto que obliga a determinar si el solicitante fue "profesional" o "funcionario público" durante el periodo de 1936 a 1939.

Una vez apreciada la profesionalidad, hay que reconstruir la hipotética carrera que hubiera podido tener de continuar en servicio ativo hasta el momento de su paso a la situación militar de retiro, por cumplir la edad establecida, distinta en atención al cuerpo, arma y graduación supuestamente alcanzada.

En el caso de los guardias de asalto, de carácter civil, se presume su profesionalidad, ya que ingresaron en el Estado sin limitaciones de su compromiso de servicio activo.

Sin embargo, hay que desdoblar si sus integrantes, de haber continuado en activo, hubiesen formado parte de la Policía Armada y de Tráfico, de tipo militr. Este hecho hace variar la cuantía de la pensión a percibir.

Para solucionar esos casos, los responsables de la Adiministración han arbitrado medidas, de acuerdo con la legalidad de la época, con el fin de fijar los criterios y la aplicación de las carreras profesionales.

El Gobierno espera que, una vez que informaticen todos los datos, se agilicen los trámites del número de expedientes que resta por resolver, 20.900 en total.