El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, decretó la administración judicial de las sociedades el pasado 23 de julio, como una de las medidas adoptadas tras el cierre del entramado de "Egunkria", por su supuesta vinculación con ETA.

Este encuentro se enmarca dentro de los trabajos que realiza el administrador judicial con vistas a presentar a Del Olmo, antes del día 24 de este mes, un informe que detalle la situación financiera de ambas entidades, así como las "obligaciones por ellas contraídas y a las que haya de hacerse frente por tratarse de deudas justificadas, vencidas, líquidas y exigibles".

Dicho informe deberá incluir, asimismo, un "plan de previsión económico para hacer frete a las referidas deudas, viabilidad económica de las mercantiles, atendiendo a los bienes y derechos de los que son titulares, y obligaciones existentes".

A la cita acudieron, representantes de los aproximadamente 160 trabajadores de las empresas relacionadas con "Egunkaria", que tenían pactadas indemnizaciones en sus contratos de rescisión; de la Caja Laboral; de la Seguridad Social; del Ministerio de Hacienda; de Zeroa Multimedia y de Buruntzape S.L., propietaria de los locales donde desarrollabansus actividades las empresas relacionadas con "Egunkaria".

Según informaron fuentes jurídicas, faltaron al encuentro los representantes de muchos pequeños acreedores cuyas deudas en conjunto suman un montante económico importante.

Aunque las actividades de las mercantiles "Egunkaria Sortzen S.L.", "Egunkaria S.A." y del diario "Euskaldunon Egunkaria" llevan suspendidas desde el pasado mes de febrero, los bienes de estas sociedades han sido gobernados durante todo este tiempo, por el administradorelegido por el magistrado instructor del caso.

El juez, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, revocó los poderes de los representantes legales del diario y las dos citadas mercantiles, amparándose en el artículo 129 del Código Penal. Ese artículo prevé que el magistrado podrá decretar, entre otras cosas, la clausura o suspensión de las actividades de una sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no exceda de cinco años.

Del Olmo intervino contra el entramado "Egunkaia" porque mantiene que sus empresas contribuyen a los fines de ETA, tanto desde el punto de vista económico y financiero, como desde la utilización del euskera para difundir el ideario de la banda terrorista. Asimismo, afirma que la organización armada tuvo parte en el nombramiento de la directiva del rotativo y sus mercantiles.