Pese a que, mediante un comunicado, destacaron "su deseo de presentar públicamente su valoración y compromiso para avanzar en esta nueva etapa de los servicios sociales y, de modo particular, en la atención a la dependencia", pusieron de manifiesto una serie de deficiencias que, a su juicio, contiene el texto.

En primer lugar, señaló que la normativa "invade claramente un ámbito material de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Autonomía de esta región y la Ley de Territorios Históricos".

Además, apuntó que es "ambiguo e insuficiente en lo que podría ser su contenido principal", refiriéndose al establecimiento de derechos, garantías y financiación.

No obstante, reiteró que, en ningún caso, debe considerarse su posición "como contraria a la igualdad o resistente a la configuración de nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la intervención en relación con la dependencia" y recordaron que "las Administraciones Públicas vascas no se niegan a buscar fórmulas, respetuosas con la legalidad y más coherentes que las actuales, para una regulación de ámbito estatal que afecte a los servicios sociales para las personas en situación de dependencia".