La federación catalana del sindicato explica que una vez que se dicta la sentencia por la que se declara improcedente un despido, la empresa ha de abonar el alario del trabajador desde la fecha del cese hasta la resolución judicial (este concepto se denomina salarios de tramitación).

Si el fallo se produce en menos de 60 días desde el cese, los salarios de tramitación los abona el empresario, pero cuando se supera esa fecha, y como reconocimiento a la demora del sistema judicial, el Estado abona toda cantidad que supere esos dos meses.

Y en el caso de que la empresa no efectúe el abono de los salarios por declararse insolvente, el trabajador debe solcitar su abono a la Administración del Estado, que en un plazo aproximado de dos meses dicta una resolución en que habitualmente reconoce el pago al trabajador despedido.

Pero el problema surge, denuncia CCOO, cuando como consecuencia de la falta de presupuesto, no se cierra la resolución y el pago se retrasa durante más de un año. Eso ha generado que en enero de 2004 se estén abonando salarios de tramitación reconocidos en 2002, afirma CCOO.

"Para más concreción, se puede decir que el mes de maro se van a comenzar a pagar deudas de febrero y marzo de 2003, lo que implica un retraso de un año en pagar las cuantías reconocidas por la Administración", concluye.