Una nota de respuesta apoyada conjuntamente por el citado ministerio y los sindicatos, a la que tuvo acceso Servimedia, señala que el proceso de funcionarización de contratados laborales se ajusta plenamente a la legalidad y se realiza en aplicación de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 11 de junio de 1987, según la cual los puestos de la Administación deben ser desempeñados con carácter general por funcionarios públicos y en determinados casos por personal laboral.

En aplicación de esa sentencia, el Gobierno promulgó en 1988 una ley que abrió el proceso de funcionarización, "que tiene como objeto el permitir al personal laboral que ya tiene la condición de fijo y desempeña tareas propias de personal funcionario, acceder a dicha condición, previa superación de pruebas selectivas".

La nota añade que el personal laboral fijo que se conviert en funcionario sigue desempeñando las mismas tareas con retribuciones análogas y añade que "este proceso de funcionarización está en marcha en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, alguna de las cuales lo ha concluido ya".

Además, el MAP y los sindicatos de la función pública recuerdan que el acuerdo trienal firmado el pasado mes de setiembre establece "el compromiso de impulsar y culminar el proceso de funcionarización iniciado en 1988".

A su juicio, el proceso de funcionarizaciónno pretende "enchufar" a nadie, puesto que afecta a personal ya fijo y no atenta contra los principios de igualdad, mérito y capacidad, ya que va precedido de la realización de pruebas selectivas.

"Los firmantes", concluye la nota, "lamentan las calificaciones efectuadas respecto de un conjunto de empleados públicos cuya profesionalidad, mérito y capacidad no pueden ponerse en cuestión, pues desempeñan su actividad con la misma profesionalidad que el resto del personal al servicio de la AdministraciónPública".

Por otra parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT difundió además un comunicado de su organización, en el que acusa al diputado del Partido Popular Manuel Núñez, autor de las denuncias, de utilizar a los empeados públicos "como cabeza de turco para enturbiar más el actual clima político".