Así se asegura en una respuesta del Ejecutivo a una pregunta del diputado de Nueva Izquierda Ricardo Peralta sobre las actuaciones de la Administración para depurar la psible existencia de responsabilidades penales en las deudas con la Seguridad Social de los ayuntamientos de Marbella y Estepona.

En su respuesta, el Gobierno afirma que la Tesorería General de la Seguridad Social "está atenta a la evolución de los hechos, por si se producen indicios de la existencia del dolo específico que exige el artículo 307 del vigente código penal, que daría lugar a una posible responsabilidad penal, y en consecuencia determinaría la inmediata iniciación de las correspondientes atuaciones procesales".

El artículo 307 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años para quien, por acción u omisiónm defraude a la Seguridad Social para eludir el pago de las cuotas o para obtener indebidamente devoluciones de las mismas.