Altos representantes del mundo de la banca como Mario Conde o Arturo Romaní; empresarios como Carlos Sotos, Manuel de la Concha, Javier de la Rosa o Juan Berga; políticos como Ricardo García Damborenea y altos cargos de la Administración como Mariano Rubio o el recientemente excarcelado Rafael Vera han tenido que aportar a las arcas públicas fuertes sumas de dinero para poder salir de la cárcel, en la mayoríade los casos por estar imputados en casos de corrupción y manejos irregulares de caudales privados o públicos.

Las estafas, la creación de sociedades ficticias para fines ilegales y las irregularidades financieras llevaron a los jueces a imponer las fianzas más elevadas: 2.000 millones a Mario Conde, ex presidente de Banesto, 1.000 millones a Arturo Romaní, vicepresidente del mismo banco y otros 1.000 millones al financiero Javier de la Rosa.

En relación con las actuaciones de Javier de la Rosa tmbién fueron excarcelados Arturo Piñana, apoderado del financiero catalán (40 millones de pesetas de fianza), Joan Cruells, ex director de Gran Tibidabo (40 millones) y la mujer del financiero, Mercedes Misol, que tuvo que dejarse en las arcas de justicia 2.400.000 pesetas.

Además, el recién excarcelado Juan Berga, máximo responsable en el 'caso Brokerval', ingresó 50 millones para quedar en libertad, mientras que su amigo y director de Brokerval, Francisco Tous, también hubo de entregar otros 40 millnes para poder salir de prisión.

Las ilegalidades al frente de la gestión de la cooperativa de viviendas PSV provocaron la detención de su máximo responsable, Carlos Sotos, que salió de prisión recientemente, no sin antes dejar en las arcas públicas 30 millones de fianza. En relación a este mismo caso, el ex responsable de finanzas de UGT Paulino Barrabés pagó otros 10 millones, si bien sus compañeros del sindicato abrieron una cuenta bancaria para ayudarle a salir de la cárcel.

"CASO GAL"

Mencón aparte merece el 'caso GAL' por el que casi 300 millones han pasado a disposición de la Administración de Justicia, y han puesto en libertad a los principales inculpados y ex-responsables de la seguridad del estado: Rafael Vera tuvo que pagar 200 millones, que fueron aportados por el PSOE, mientras que Juan de Justo, secretario de Vera, y Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos, desembolsaron 25 millones cada uno para poder salir de prisión.

Además, Francisco Avarez, ex jefe del mando único de la lucha antiterrorista tuvo que dejar en fianza 10 millones de pesetas para su puesta en libertad, y su compañero Miguel Planchuelo, ex jefe de la Policía de Bilbao aportó otros 2 millones de pesetas.

El resto de fianzas relacionadas con el 'caso GAL' se reparten entre varios policías implicados: el comisario Machín y Félix Hernando (los hombres del maletín), Julio Hierro, Francisco Saiz, Jose Ramón Corujo y Luis Hens. Todos ellos tuvieron que pagar cantidades de ente 1 y 3 millones de pesetas para no ir a la cárcel.

Actualmente, el ex director general de la seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, permanece en prisión a la espera de poder reunir los 200 millones impuestos por el juez Garzón para poder salir en libertad bajo fianza.

CARGOS PÚBLICOS

La huída, regreso y encarcelamiento del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, acusado de varios delitos, ha aportado también su grano de arena: su esposa, Blanca Rodríguez Porto tuvo que hipotecr la finca que la familia tenía en Zamora, con el ganado incluído, para poder hacer frente a la fianza de 50 millones que le fue impuesta para abandonar la cárcel de Avila. Además, el testaferro de Roldán, Jorge Esparza, entregó 25 millones para no entrar en prisión, por implicaciones en el mismo caso.

Por su parte, el ex director del Banco de España Mariano Rubio entregó 15 millones de pesetas para salir de la cárcel. Su amigo, Manuel de la Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid, también se vio oblgado a dejar en las arcas publicas 50 millones por sus presuntas implicaciones en el 'caso Ibercorp'.

Finalmente, la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, permanece en libertad bajo fianza de 15 millones de pesetas por sus presuntas irregularidades en las compras de papel para la edición del Boletín Oficial del Estado.