Según informó el Ministerio de Administraciones Públicas, a partir de ahora será la Comisión General para la Formación Continua (formada por reresentates de la Administración central, de las comunidades autónomas, de las administraciones locales y de los sindicatos) quien administre dicho presupuesto, aprobando planes concretos de formación.

Este acuerdo se ha firmado tres días después de que Gobierno y sindicatos establecieran en la Mesa de la Función Pública el calendario para negociar la política de formación continua para los empleados públicos.