Según informó hoy la Asociación Española de Importadores de Productos de Eléctrónica (ASIMELEC), organización patronal que agrupa al 80 por cien de los suministradores de equipos de oficina, electromedicina y telecomunicaciones, hay empresas que llevan hasta dos años sin cobrar contratos reconcidos por la Administración.

Entre los organismos que más se retrasan en pagar el material electrónico que compran figuran los ayuntamientos, seguidos de organismos autónomos como el Insalud, las comunidades autónomas y el Estado.

Los responsables de Asimelec aseguran que "existe una gran preocupación sobre el retraso debido a que en los últimos meses el importe de la deuda es cada vez mayor, al tiempo que se aumenta cada vez más el plazo de demora".

El principal motivo de alarma para las emresas del sector es la creciente necesidad de estas compañías de recurrir a financiar su actividad con creditos, en lugar de los fondos propios, lo que encarece su costes.

En algunos casos, estos costes superan el beneficio previsto por contratos de suministro de material electrónico a organismos públicos, llegando a "afectar a la propia viabilidad de las empresas".

Además, ASIMELEC denuncia que "rara vez se cobran los intereses de demora a los que se tiene derecho después de transcurrir tres mess desde que nace la obligación de pago. En el mejor de los casos, cuando este abono se produce, el importe es el de interés legal inferior al normal del dinaro", añaden.

A juicio de estas empresas, el ajuste económico recientemente aprobado y el anuncio del Gobierno de elaborar un presupuesto restrictivo para 1993 "hace que la preocupación del colectivo afectado sea aún mayor".

La asociación empresarial opina que el origen del déficit contraido con el sector eléctrónico responde a una mala gestió del gasto público por parte de algunos organismos, ya que no es lógico que sus responsables adquieran compromisos si saben que no tienen dinero para pagarlos.

ASIMELEC ha constituido un grupo de trabajo que se encargará de seguir el conflicto y recomendar a todas sus empresas asociadas acciones conjuntas, entre las que no se descarta el impago del IVA que originen los contratos con la Administración objetos de demora.

La actual normativa del IVA obliga a todas las empresas a realizar su liquidacón de IVA con Hacienda aunque no se haya liquidado la factura que lo origina.