Molinas, que presentó el último número de la revista "Moneda y Crédito", aseguró que la comercialización de esos planes poría perjudicar, principalmente, a las "supercuentas", por tratarse de un producto financiero que el sistema bancario estaría deseando desechar.

"Parece ser", añadió, "que las 'supercuentas' están tocando a su fin y que el sistema financiero las quiere suprimir mediante la potenciación de los fondos de inversión", y por tanto, el propio sistema podría estar interesado en colaborar con el Gobierno para difundir los Planes de Ahorro.

Indicó que una de las características de los planes que pueden perudicar a las cuentas corrientes y las "supercuentas" es su "menor volatilidad", y agregó que su comercialización puede contribuir más a "una recomposición que a un incremento del volumen de ahorro familiar".

También expresó sus dudas respecto a la posibilidad de que el fraude fiscal aumente con la liberalización del movimiento de capitales en 1992, ya que "el fraude ya lo tenemos, sin libertad, en el dinero negro existente en el país".

"La liberalización de capitales", continuó, "no contribuye a ue el dinero blanco se haga negro, por lo menos en lo que a pequeños ahorradores se refiere, ya que, difícilmente, esos recursos podrán encontrar mayor rentabilidad en el extranjero".

"DINERO NEGRO"

Insistió en que la opinión pública debe tener bien claro qué significa la libertad de movimiento para el dinero, "porque será más fácil pasar un maletín lleno de billetes por la frontera, pero no será fácil blanquearlo. El dinero negro de aquí, lo seguirá siendo en el extranjero".

En cuanto a las poibilidades de que el dinero oculto al Fisco aflore mediante la suscripción de deuda pública especial, Molinas dijo que "en el Ministerio somos optimistas respecto al éxito de la regularización", aunque reconoció que no se blanqueará todo el dinero negro existente.

Añadió que el Gobierno se conformaría con que todo el "dinero negro" existente en España fuese el colocado actualmente en pagarés del Tesoro, superior a dos billones de pesetas.

Se refirió también a la negociación de un nuevo sistema definanciación autonómica y afirmó que "el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe aumentar su protagonismo para ser el órgano responsable de la coordinación financiera y fiscal entre las comunidades autónomas".

En su opinión, el objetivo del Gobierno de mantener un crecimiento sostenido dos puntos superior a la media comunitaria exigirá un esfuerzo inversor, por parte del sector público, en el que deben corresponsabilizarse las administraciones territoriales, sobre todo, si tenemos en cuenta que e Gobierno central sólo aporta un 35 por cien de la inversión pública global.