Zambrana reconoció asimismo que, en los últimos ejercicios, sólo se han cubierto el 65 por ciento de las plazas convocadas, situación que afecta especialmente a los cuerpos más cualificados, donde el nivel de aprobados es muy bajo.

Por otr parte, el secretario de Estado adelantó que los 406 altos cargos de la Administración cobrarán el año que viene un total de 2.900 millones de pesetas, lo que supone una retribución media de 7,14 millones.

Este colectivo está formado por los 18 miembros del Gobierno, 19 secretarios de Estado, 58 subsecretarios y secretarios generales, 311 directores generales, pero no incluye a los 1.167 subdirectores generales.

Los altos cargos obtuvieron este año 625 millones en concepto de primas de productiviad (a una media de más de 2 millones de pesetas), de un total de 65.000 millones destinados a esta finalidad.

La mayor parte de estos fondos van a parar al Ministerio de Sanidad, que absorberá este año 31.564 millones. Para 1992, las primas de productividad, excluido el personal sanitario, serán de 39.000 millones, 5.564 millones más que en el 91.

Zambrana aseguró que estas primas pagan la especial dedicación de algunos funcionarios y señaló que la parte asignada a los altos cargos es muy pequeña si se tiene en cuenta que en el sector privado ganarían más y que están en la Administración por "vocación de servicio público".

SOLO UN 2,4 POR CIEN "A DEDO"

El secretario de Estado se refirió también al nivel de discrecionalidad existente en la Administración en materia de personal y aseguró que sólo un 2,4 por ciento de sus empleados son nombrados por libre designación.

En su opinión, las críticas al Gobierno en este aspecto son "un disco rayado" carente de sentido, ya que los criterios aplcados son gerenciales y de profesionalidad. A este respecto, se puso como ejemplo a si mismo y señaló que tiene cinco directores generales y sólo uno cuenta con carné del PSOE.

Zambrana anunció también la próximo funcionarización de 25.000 empleados de la Administración, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que impuso la asignación a funcionarios de determinados puestos públicos.

Otra medida confirmada por el secretario de Estado es la decisión de restar del sueldo los rerasos y ausencias de los funcionarios en su puesto de trabajo, a fin de equiparles en este aspecto con el sector privado.

Respecto al incremento salarial de los empleados públicos para el año 92, apuntó que a la subida del 5 por ciento se le añadirán en la práctica otros puntos de poder adquisitivo como consecuencia de la reducción de las tables de retención del IRPF, de la que se beneficiarán todos los asalariados.