Por su parte, el Grupo Popular se mostró favorable a que el proceso continúe, subsanando las posibles equivocaciones cometidas, pero dejando la eficacia final de las adjudicaciones a expensas del pronunciamiento del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández.

Los tres informes de la Comisión de Investigación, correspondientes a los tres grupos representados en el Ayuntamiento, serán estudiados por el Consejo de la EMV en una próxima reunión que se ceebrará seguramente antes de que finalice el mes de mayo, anunció el concejal y portavoz del PP en la Comisión, Enrique Villoria.

Villoria explicó en rueda de prensa que tras una revisión de las solicitudes la EMV ha detectado que en 27 casos se cometieron errores y entraron en sorteo sin tener derecho a ello.

Un segundo grupo lo forman 124 expedientes que aparentemente cumplen todos los requisitos, pero que deben completar la documentación presentada. El concejal del PP subrayó que se trataba de24 casos, "casi 70 más de los señalados por IU", que denunció 52 "agraciados" que no reúnen los requisitos esenciales.

Y un tercer grupo, de 82 peticionarios, que cumplen todas las normas. En total, según el PP, casi el 90 por cien "no incumplen" las condiciones para acceder al sorteo.

PROPUESTAS DEL PP

A la vista de esta situación, el PP propone al Consejo de la EMV que el primer grupo pierda la posibilidad de acceder a los pisos, sin perjuicio de que los afectados puedan recurrir la decisión;el segundo grupo (documentación incompleta) tenga un plazo para subsanar las deficiencias; el tercero, se proceda a la adjudicación, aunque condicionada al pronunciamiento de los jueces.

Y en cuanto a aquellos (cerca de la decena) que podrían haber sido apartados del sorteo reuniendo todos los requisitos, Villoria explicó que serían incorporados a estas promociones o, si no hubiera plaza, a las próximas.

Por su parte, el PSOE presentará mañana al fiscal la documentación que demuestra las irregulaidades denunciadas, entre las que destaca el hecho de que el pleno municipal no haya anulado en ningún momento los acuerdos que previamente habían destinado el suelo empleado en estas promociones para el Plan 18.000 o viviendas municipales de alquiler.

Otra anomalía denunciada por los socialistas es que los ingresos familiares ponderados se han baremado con salario mínimo de 1992 aplicado a un ejercicio fiscal de 1991, "lo cual hace nulo todo cálculo de todas las solicitudes". Asimismo, el Grupo Sociaista asegura que el baremo "no se publicó nunca y fue aprobado por el Consejo de la EMV con posterioridad al supuesto cierre de admisión de solicitudes".

El PSOE propone, por tanto, que el pleno del Ayuntamiento de Madrid declare por iniciativa propia y previo dictamen del Consejo de Estado la nulidad de todo el proceso desde el momento en que comenzaron las irregularidades, es decir, desde la omisión de publicidad de las normas de adjudicación.

TRIBUNAL DE CUENTAS

El portavoz socialista en la omisión de Investigación, José María de la Riva, anunció que pedirán la intervención del Tribunal de Cuentas "por las irregularidades detectadas y la falta de dirección de la EMV".

De la Riva calificó de "broma de mal gusto" la pretensión del PP de actualizar las normas de la EMV a la vista de la casuística familiar, económica y social deducida del análisis de los expedientes presentados.

El portavoz socialista dijo que quedaban dos cosas por aclarar: cuantas recomendaciones había hecho el alcald y si se había expedientado a trabajadores de la EMV por los errores cometidos, después de que José María Alvarez del Manzano declarara ayer que las posibles responsabilidades recaerían sobre los mandos intermedios de la empresa municipal.

De la Riva señaló que era mejor que Alvarez del Manzano no se inhibiera en favor de la Justicia a la hora de contestar a estas dos preguntas, "porque, si no, mejor que se pusiera el juez en el sitio del alcalde".

Por su parte, IU pidió la suspensión cautelar detodo el proceso hasta tanto el Ministerio Fiscal no se pronuncie y concluyó que "la responsabilidad político-administrativa (y en su caso penal), corresponde al equipo de Gobierno del PP en general, a sus representantes en la EMV en particular y al equipo técnico en lo concreto".