Con la firma de este préstamo, son ya 600 millones de euros los formalizados por ambas entidades, de los 1.000 millones previstos para la financiación de esta línea de alta velocidad.

De este contrato se deriva para Adif la obligación de obtener las declaraciones de impacto ambiental del proyecto por parte del Ministerio de Medio Ambiente, así como los certificados legales sobre los espacios naturales pertenecientes a la red Natura 2000.

Además, Adif se compromete a cumplir las medidas correctoras de naturaleza medioambiental y a realizar su actividad de acuerdo con la normativa aplicable y que, en esta materia, puedan exigir las autoridades de la Unión Europea, el Estado o las administraciones autonómicas o locales correspondientes.