En declaraciones a Servimedia, Julián Gálvez, del Centro Canino Segurican, se mostró tajante al referirse a esta iniciativa y lacalificó de "chorrada", por entender que el Ejecutivo no actúa con conocimiento de causa en este asunto y es "incompetente" para solucionar el problema.

En su opinión, esta medida es "demencial" y "ridícula", y no va a aportar solución alguna. Insistió en que el hecho de que ciertos perros hayan atacado a personas es un "accidente", como los que ocurren con coches o con armas de fuego.

Gálvez apostilló que es muy difícil demostrar que un perro es agresivo y subrayó que un can puede demostrar agreividad, igual que lo puede hacer una determinada persona. "Todo está en el manejo que se haga del perro, está en la persona", afirmó.

De la misma opinión es Fernando Salas, de la Sociedad de Criadores de Perros "La Caseta", para quien esta medida carece de sentido y no es eficaz para combatir los ataques de animales peligrosos.

Este criador de perros manifestó a Servimedia que el carácter peligroso de los canes es responsabilidad de sus dueños, producto tanto de una deformación psicológica provocda por éstos como de una mala educación o de una incitación a la agresividad.

Por todo ello, se mostró partidario de una política más encaminada a educar a los propietarios de perros y conseguir que estas personas tengan claro lo que supone poseer un animal de estas características y las exigencias y requisitos que eso conlleva.

Sin embargo, José Luis Márquez, de Adiestramientos Navalcan, dijo a Servimedia que este sistema ha funcionado en otros países de la Unión Europea e impide que los que denminó "criadores de segundo orden" comercialicen perros de naturaleza peligrosa, por lo que se congratuló de la puesta en marcha de esa medida.