Esta es la principal conclusión de un informe realizado por Adicae, hecho público hoy, y que ha sido elaborado en virtud de más de 300 denuncias presentadas por usuarios de banca españoles. El estudio revela fraudes en la venta de los llamados "contratos financieros atípicos y critica la "laxa supervisión y control" de los organismo españoles por ocasionar "eleadas pérdidas a los ahorradores".

Así, señala que, en la mayoría de los casos, los contratos reunían "de manera ambigua y oscura" los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, pero que fueron los propios comerciales de las entidades financieras los que, aprovechándose de la confianza de sus clientes y de la avanzada edad de ellos (la mitad son mayores de 65 años), colocaron como depósitos sin riesgo unos productos financieros de alto riesgo.

"Estos contratos resaltan un interés fijo pra hacer de gancho a los potenciales adquirentes pero, a lo largo de seis páginas con letra microscópica, desviaban la atención las posibles pérdidas que podían acaecer o la transformación del capital inicial en acciones tecnológicas si su valor, al que estaban vinculados, bajaba más de un 20%", indica el estudio.

Teniendo en cuenta que cada emisión de estos productos varía entre los 4 y 30 millones de euros, Adicae calcula que existe un amplio número de contratantes que soportan importante pérdidas ptenciales, con vencimientos que oscilan entre diciembre de 2000 y octubre de 2005.

"La falta de control previo y la inexistencia de inspecciones por los organismos supervisores que comprobasen la correcta comercialización de unos productos tremendamente complejos para el ahorrador medio ha ocasionado fuertes pérdidas que se están materializando dos años después", señala el estudio.

DEMANDA CIVIL COLECTIVA

Entre las entidades financieras con más denuncias de consumidores recibidas en relación co estos productos se encuentran BBVA, Bankinter, Banesto y Caja Rural de Valencia (ahora Ruralcaja). Los servicios jurídicos de Adicae están estudiando estos contratos que servirán de base para presentar las oportunas reclamaciones tanto al Defensor del Cliente como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El mayor número de afectados se ha detectado en la provincia de Valencia debido a la comercialización de los "Depósitos de Alta Rentabilidad" de Caja Rural de Valencia, contra quien la aociación formalizó el pasado 31 de julio de 2003 una demanda civil colectiva que englobaba a más de cien demandantes con pérdidas que ascendían en su conjunto a 2,4 millones de euros.

La demanda, admitida a trámite por el Juzgado nº 22 de Primera Instancia de Valencia, da de plazo a todos los posibles afectados hasta el 18 de marzo del presente año para que puedan adherirse a ella, ya que el derecho a reclamar prescribe este verano.

Este hecho es especialmente relevante en las zonas rurales dondelos perjudicados tienen reparos, debido a su avanzada edad, a que se conozca que han sufrido esas pérdidas o bien ignoran dónde acudir para defender sus derechos.

Ante esta situación, Adicae considera que es necesaria una "mayor claridad y transparencia" en estos contratos y que es preciso, dado el alto número de reclamaciones, realizar por parte de la CNMV acciones de inspección en la comercialización de los mismos para evitar que estas confusiones y pérdidas continúen produciéndose.

Igualmente conseja a todos los consumidores y usuarios que ante la menor duda sobre cualquier tipo de contrato bancario se informen en asociaciones de consumidores independientes y especializadas ya que "se ha podido comprobar que, en un alto número de casos, el personal de las entidades se mueve por objetivos comerciales e incentivos económicos descuidando las correspondientes necesidades de sus clientes".