En concreto, las actuaciones jurídicas emprendidas contra el sello editorial han sido tres: ante la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo Penal de Madrid por parte del delegado de los empleados, y ante los juzgados de primera instancia por parte de los acionistas de la sociedad mercantil.

Según López, el "mar de fondo que se ha creado en la editorial viene determinado por la decisión de los miembros del Consejo de Administración de vender el edificio que alberga la sede social, en donde se encuentra el almacén y las oficinas, como paso previo a la liquidación de la actividad editorial y como forma de hacer líquidas las plusvalías generadas por 30 años de actividad".

"Es decir", precisa el comunicado, "especular con el terreno para la construcciónde viviendas, despido de los trabajadores y venta posterior del fondo de comercio al mejor postor".

Los accionistas que en 1967 apostaron por convertir la editorial en un lugar de encuentro para la expresión de las ideas entonces perseguidas, indica López en la nota, "han unido sus fuerzas con los trabajadores" para impedir la desaparición de Siglo XXI.

Uno de esos autores, el profesor universitario Andrés Bilbao, ha dirigido una carta al vicepresidente del Consejo de Administración de Siglo XXI,Faustino Lastra, en la que señala que "sería una pérdida lamentable que se olvidara su impulso inicial y se sumara a un efímero carnaval de plusvalías inmediatas".

López subrayó que tanto accionistas como trabajadores y autores han formado un bloque para "tratar de frenar en seco" las ilegalidades que, a su juicio, ha cometido la empresa.